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Introducción

En los últimos 20 años, la política cultural de Inglaterra ha visto cómo las artes y la cultura se han puesto cada vez más al servicio de las agendas sociales y económicas de los gobiernos, y cómo ha crecido paralelamente la expectativa de que las políticas culturales -basadas en estos razonamientos pragmáticos- se basen en pruebas sólidas de su eficacia. Se considera que la capacidad del sector para demostrar su impacto socioeconómico legitima la justificación explícitamente instrumental del gasto cultural. Curiosamente -y de forma contraria a la intuición en un régimen supuestamente basado en la evidencia- está ampliamente documentado que las políticas explícitamente instrumentales son cada vez más populares, en Gran Bretaña y fuera de ella, a pesar de la creciente evidencia de que los datos subyacentes y las mediciones de rendimiento son a menudo defectuosos, y las metodologías para su recopilación dudosas o poco desarrolladas (Crossick y Kaszynska, 2016; Woronkowicz et al., 2019). De hecho, la preocupación por la calidad, la fiabilidad y la comparabilidad de los datos del sector cultural y otras investigaciones relevantes para las políticas aparece constantemente en los estudios sobre políticas culturales (Bilton y Soltero, 2020; Schuster, 1996, 2002; Selwood, 2002, 2010).

En 2009, basándome en un ensayo del filósofo moral estadounidense Harry G. Frankfurt (2005), sostuve que la falta de preocupación por “cómo son realmente las cosas” es una característica destacada de los discursos públicos en torno a la elaboración de políticas culturales y las justificaciones de la subvención pública de las artes en Gran Bretaña (Belfiore, 2009). A pesar de la evolución hacia una política supuestamente “basada en la evidencia”, la “evidencia” rara vez sustenta la toma de decisiones, especialmente en las políticas que rodean los impactos sociales percibidos de las artes. En lugar de mejorar la rendición de cuentas y la transparencia en la elaboración de políticas, las presiones ejercidas sobre las instituciones culturales inglesas financiadas con fondos públicos para que produzcan evaluaciones de su rendimiento y se sometan al intento constante de medir su eficacia e impacto, han sido fundamentales en la escalada de “pruebas” dudosas (Belfiore, 2009). Una investigación reciente centrada en el estudio del caso de la NEA, la agencia de financiación de las artes de EE.UU., revela que esto no se limita a Inglaterra, sino que es una cuestión mucho más amplia que tiene que ver con la finalidad y el uso de los datos de gestión del impacto y el rendimiento (Woronkowicz et al., 2019).

Diez años después, me llama la atención la vigencia y relevancia de On Bullshit (2005) de Harry G. Frankfurt: el ensayo es aún más significativo y conmovedor ahora en una política de “posverdad” (McIntyre, 2018). Sin embargo, sigue existiendo una cuestión importante sobre la función que el empleo retórico de las estadísticas, y las “malas pruebas” cumplen en el proceso político. Este artículo aborda esta cuestión y ofrece una nueva articulación del proceso de elaboración de políticas culturales, haciendo avanzar así la agenda de investigación de los estudios sobre políticas culturales de forma fructífera. Esto se consigue considerando las ideas que el investigador de políticas culturales puede obtener del trabajo producido en el campo de la teoría de las políticas públicas, que, a pesar de su evidente relevancia, ha sido pasado por alto en el desarrollo de los estudios académicos sobre políticas culturales.

El argumento del artículo consta de dos partes: la primera, que comprende las dos secciones siguientes, ofrece un mapa de los argumentos predominantes que se esgrimen en los debates políticos para justificar las intervenciones financieras del gobierno en apoyo de los sectores artístico y creativo. Esto muestra cómo los responsables políticos y los profesionales se apoyan en las nociones de elaboración de políticas basadas en la evidencia, y en lo que creen que es una evidencia impresionante, para proyectar un sentido de racionalidad y orden en el proceso político. La segunda parte del artículo se basa en estudios recientes sobre políticas para argumentar que la sensación de racionalidad y orden es una ilusión, y que el proceso de elaboración de políticas es, de hecho, desordenado, irreductiblemente político y más influenciado por las ideas que por las pruebas. El impacto económico se ofrece como un ejemplo de esas ideas influyentes e institucionalizadas con un poder significativo para dar forma al discurso político. Podría parecer que ofrece una salida al problema de la justificación, pero la prevalencia de los argumentos y las “pruebas” del impacto económico acaba dando lugar a un discurso engañoso, excesivamente estrecho y potencialmente perjudicial sobre el valor de las artes y la cultura, que no conducirá a una política cultural o industrial eficaz. Estas dos secciones llevan a la conclusión, el argumento principal del artículo, de que establecer y mantener un diálogo entre los estudios de política cultural y los debates en curso, la erudición y las ideas de la teoría política debería ser una ambición central de una futura agenda de investigación sobre la política de las industrias culturales y creativas. Como dice razonablemente Paul Cairney (2016, p. 119), “si quieres inyectar más ciencia en la elaboración de políticas, necesitas conocer la ciencia de la elaboración de políticas”. Si bien el objetivo principal del artículo es articular cómo las realidades de la formulación de políticas pueden inyectar ideas en la investigación sobre políticas culturales, una imagen más realista y precisa del papel que desempeñan las pruebas en los procesos de formulación y cambio de políticas también beneficiaría a los agentes políticos y contribuiría a mejorar las políticas.

 

El impacto económico como prueba para la elaboración de políticas

Mi análisis se centra en las políticas inglesas, ya que soy una académica afincada en Inglaterra. Sin embargo, los argumentos que aquí se presentan aspiran a tener una relevancia más amplia. Aunque es importante reconocer que la recopilación de datos para apoyar las decisiones políticas y las intervenciones en el sector cultural ha crecido de forma significativa en las últimas décadas, y abarca una serie de ámbitos, desde las artes y la salud hasta la regeneración urbana impulsada por la cultura, la amplitud y la profundidad de los patrones de participación cultural, etc. – Por razones de espacio, me centraré en los intentos de demostrar y medir el impacto económico dentro de las formaciones discursivas en torno a la financiación pública y su justificación. El análisis del impacto económico es, como explican Bille y Schulze (2006, p. 1057), “una metodología bien establecida y frecuentemente utilizada en economía, en la que el impacto de una actividad sobre el resto de la economía se calcula utilizando modelos multiplicadores tradicionales”.

A modo de aclaración, los ejemplos de “mala evidencia” que se analizan en la siguiente sección no son “malos” porque sean necesariamente falsos, o porque afirmen un impacto económico que no existe. Lo que resulta problemático, más bien, es la falta de transparencia, verificabilidad y reproducibilidad de los cálculos de impacto de los que son resultado las “pruebas”. De hecho, esto contradice tanto la lógica de la medición del impacto como determinante de la inversión pública, como los principios de transparencia y responsabilidad que son tan centrales en la retórica de la elaboración de políticas basadas en la evidencia. Por lo tanto, vale la pena aclarar que criticar la forma en que se entiende, se mide y se despliega retóricamente el impacto económico en el discurso político no equivale a sugerir la irrelevancia o la falta de importancia del valor y el impacto económicos para los sectores artístico y creativo. Todo lo contrario. Precisamente porque el impacto económico es importante para la política de las artes y las industrias creativas y es un componente legítimo de los debates en torno a la financiación y la formulación de políticas, los cálculos del impacto económico deben llevarse a cabo de modo adecuado y riguroso, y deben informarse y presentarse de forma que se presten al escrutinio público y a la verificación. Merece la pena señalar que las críticas y expresiones de frustración más sonadas ante los errores de cálculo y los abusos de los impactos económicos en la política cultural han procedido a menudo de economistas culturales frustrados por el hecho de que sus críticas hayan sido desoídas por la comunidad política (Bille et al., 2016; Bille & Schulze, 2006; Klamer, 2008; Seaman, 2003; Van Puffelen, 1996). Por ejemplo, la destacada economista danesa Trine Bille y sus coautores (2016, p. 239), al reconstruir la historia de la popularidad del estudio de impacto económico en Europa a finales de la década de 1980, observaron que “la buena noticia [de los impresionantes rendimientos de la inversión] se utilizó ampliamente en la argumentación política. El problema era que los análisis se hacían a menudo sobre una base incorrecta, y los efectos económicos eran a menudo exagerados”. El economista holandés Frank Van Puffelen, en 1996, llegó a abogar por el cese total de los estudios de impacto económico debido a los abusos que se hacían de ellos en el discurso político. Del mismo modo, han sido sobre todo los economistas, y no solo la ingenua “gente de la farándula” y los “culturalistas” (Klamer, 2008), los que han lamentado la estrechez de miras de las políticas sobre el valor económico. Bille et al. (2016, p. 240) nos recuerdan que “centrarse en el impacto económico potencial de la cultura puede crear una política cultural equivocada”, y Michael Rushton (2020) ha afirmado sin ambages “A los economistas no les gustan los estudios de “impacto económico”: saben que su concepción es errónea y que conducen a un mal razonamiento”.

 

El poder retórico del impacto económico

La experiencia inglesa de los últimos 15 años indica que las afirmaciones de impacto social y económico y su evaluación siguen siendo fundamentales para las estrategias de legitimación y justificación dentro del sector cultural (véase, por ejemplo: Bazalgette, 2017; CEBR, 2019, 2020; CIF, 2015; DCMS, 2016). Como sugieren Gray y Wingfield (2011), la razón de esto radica en el bajo estatus político y la importancia del DCMS, lo que significa que el DCMS se encuentra efectivamente como rehén de las preocupaciones instrumentales sobre las que tiene un control limitado.

En particular, la reciente retórica que elogia los beneficios extrínsecos de las artes y la cultura ha tenido un distintivo cariz económico. La naturaleza de la evidencia adopta varias formas; por ejemplo la contribución de las artes, la cultura y la “creatividad” al aumento del comercio y la competitividad del Reino Unido, como se sugiere en el informe del British Council, Culture Means Business (2013) y en el Libro Blanco de la Cultura de 2016 (DCMS, 2016); el valor del patrimonio británico para el turismo (HLF, 2016); los “impactos macroeconómicos de la industria de las artes y la cultura” (CEBR, 2013); la contribución de las artes y la cultura a la economía nacional, tanto directa como indirectamente, a través de los efectos indirectos que se sienten en la economía en general (CEBR, 2019, 2020); las formas en que la financiación pública del sector cultural se traduce directamente en crecimiento económico (CIF, 2015) y repercute en la “economía creativa en general” (Metro-Dynamics, 2020, encargado por ACE), e incluso la contribución de los edificios financiados por el Consejo de las Artes a la vivacidad de las calles principales de Inglaterra (ACE, 2020). Sea cual sea la forma concreta que adopte, la supuesta contribución de los sectores creativos a la economía británica ha sido un ingrediente básico en su continua presión sobre el gobierno para que aumente la inversión y las intervenciones políticas beneficiosas, como regímenes fiscales más favorables.

La campaña sostenida, por parte de la DCMS y otras organizaciones de presión del sector cultural y creativo (como la Federación de Industrias Creativas), para que la economía creativa se incluya en los debates y planes de la Estrategia Industrial, que fue uno de los compromisos políticos clave de Theresa May tras su investidura como Primera Ministra en 2016, es un excelente ejemplo del florecimiento e intensificación de la retórica de la economía creativa. Como parte de esta actividad de presión concertada, el DCMS encargó a Sir Peter Bazalgette -presidente de la cadena de televisión ITV y, entre 2013 y 2017, presidente del Consejo de las Artes de Inglaterra- que dirigiera una revisión independiente para establecer una serie de recomendaciones al gobierno “para el crecimiento continuo de las industrias creativas del Reino Unido” (DCMS, 2017). El informe se publicó en septiembre de 2017, y su objetivo era establecer las áreas clave en las que el gobierno y el sector deberían trabajar juntos con el fin de desarrollar “un Acuerdo Sectorial para las Industrias Creativas” (Bazalgette, 2017, p. 5).

El informe hace fuertes afirmaciones sobre la contribución de la economía creativa a la recuperación económica y al empleo, y proyecciones aún más audaces sobre sus posibles contribuciones futuras, en caso de que el gobierno ofrezca inversión y apoyo para mantener los niveles actuales de crecimiento. No hay nada nuevo en el argumento presentado en el Informe Bazalgette, pero lo que lo hace significativo es que -a diferencia de sus numerosos predecesores- este informe dio lugar a una inversión sustancial en I+D de las industrias creativas a través del recién creado Fondo para el Desafío de la Estrategia Industrial. Tras la publicación del Informe Bazalgette, el DCMS (2017) puso en marcha el Programa de Clústeres de Industrias Creativas, dotado con 80 millones de libras, administrado por el Consejo de Investigación de Artes y Humanidades (AHRC), el principal organismo de distribución de fondos públicos para la investigación en artes y humanidades.1 Esto representa una inversión directa de 39 millones de libras -además de la financiación complementaria de la ES y los sectores creativos. Desde el punto de vista retórico, el informe ha conseguido presentar un argumento persuasivo en apoyo del aumento de la inversión en una serie de actividades concretas que el informe presentaba como clave para el éxito del sector cultural y creativo.

Al argumentar a favor de una mayor inversión gubernamental, la revisión de Bazelgette (Bazalgette, 2017, p. 11) da importancia a un conjunto de datos económicos presentados originalmente por el DCMS como sus Estimaciones Económicas Sectoriales para 2017:

Las Industrias Creativas son una historia de éxito, desempeñando un papel clave en la recuperación económica del Reino Unido. Aportaron 87.400 millones de libras en VAB en 2015, el 5,3% de la economía británica (comparable a los sectores de la construcción o la información) y entre 2010 y 2015 crecieron un 34%, más rápido que cualquier otro sector. También han superado a otros sectores en términos de crecimiento del empleo: entre 2011 y 2016, el empleo en el sector aumentó un 25,4% (alrededor de 400.000 puestos de trabajo) en comparación con el 7,6% de media en todo el Reino Unido. El sector es también un exportador neto de servicios (11.300 millones de libras de superávit en 2015).

El informe señala: “según las tendencias actuales, las Industrias Creativas podrían aportar cerca de 130.000 millones de libras de VAB para 2025 y se podrían crear aproximadamente un millón de nuevos puestos de trabajo para 2030” (Bazalgette, 2017, p. 11). No está claro en qué se basan Bazalgette y su equipo para llegar a la conclusión de que la contribución del VAB del sector creativo podría aumentar en torno al 40% en 10 años, ya que todo lo que dice el informe sobre estos cálculos es simplemente una nota a pie de página en la que se afirma que se trata de “previsiones lineales” basadas en las Estimaciones Económicas del DCMS para 2016, y en los datos de crecimiento del empleo de los datos laborales de la Oficina de Estadísticas Nacionales para 2016“. No se indica el origen de esta estimación ni la metodología utilizada para este cálculo. La investigación en línea no revela ninguna otra fuente disponible públicamente para esta evaluación. En otras palabras, la fiabilidad de estos datos debe ser aceptada por la confianza, su única pretensión de validez es su inclusión en un informe prominente y oficial: no hay medios para comprobar la estimación, o para replicar el cálculo. No obstante, tras la publicación del Informe Bazelgette, la entonces Secretaria de Cultura, Karen Bradley, comentó que “las Industrias Creativas del Reino Unido son un motor económico y el gobierno se ha comprometido a eliminar los obstáculos a su crecimiento” (en DCMS, 2017).

Los beneficios e impactos económicos declarados de las artes y las industrias creativas -especialmente cuando son producidos por organismos públicos y obviamente destinados a apoyar y justificar la política- son a menudo impugnados, aunque sin efecto discernible en su popularidad (Belfiore, 2009; Bille et al., 2016; Crossick & Kaszynska, 2016). En el contexto de un compromiso oficial con la toma de decisiones basada en la evidencia, es cuestionable que un informe cuyo objetivo principal es ofrecer pruebas para el desarrollo de nuevas iniciativas políticas que implican la inversión de importantes recursos públicos, base un aspecto clave de su caso en datos y pruebas que se espera que el público tome al pie de la letra. La exactitud de los cálculos de tales beneficios económicos no es el objetivo de la crítica aquí; tampoco es el objetivo de la discusión sugerir que los beneficios reclamados son necesariamente falsos o falsos. Las artes son una industria y tienen un impacto económico en el resto de la economía, como afirman Bille y Schulze (2006, p. 1064). Sin embargo, los estudios de impacto económico “no indican que el efecto multiplicador sea mayor en el sector artístico que en otros sectores de la economía”. Por lo tanto, sin un compromiso significativo con el concepto de costes de oportunidad (la inversión pública en el sector creativo implicaría la no financiación de otro sector, ya que los fondos son limitados), estos cálculos de impactos y beneficios no ofrecen por sí mismos una justificación para la inversión o el aumento de la financiación, aunque los informes en los que se presentan afirmen que lo hacen.

El informe Bazalgette, por lo tanto, parece un buen ejemplo de un enfoque retórico para ejercer presión y “argumentar” a favor de la financiación. El objetivo es presentar una imagen convincente de un sector próspero que puede, con una inversión cuidadosa, mejorar la productividad nacional. Dado que la inversión siguió a la publicación del informe, podemos suponer que el argumento fue considerado persuasivo por los principales responsables de la toma de decisiones en el gobierno. Sin embargo, al mismo tiempo, cuestionar el argumento del informe es arduo porque, si bien se ofrece la fuente de los datos originales del DCMS para las proyecciones económicas del impacto económico futuro, no se dio ninguna indicación de cómo se desplegaron en los ejercicios de previsión: el argumento entonces no puede ser probado, verificado y/o disputado, y no puede tener lugar un verdadero debate público o escrutinio.

El Bazelgette Review no es excepcional. En el discurso de la política cultural inglesa abundan las “pruebas” no verificables en apoyo de las afirmaciones sobre el impacto económico. El atractivo de lo retóricamente impresionante es fuerte. Un buen ejemplo lo representa un intrigante acontecimiento reciente que sugiere que los esfuerzos independientes para evaluar el impacto económico de diferentes componentes de los sectores culturales y creativos, en diferentes contextos geográficos y en diferentes momentos, parecían identificar la misma conclusión: que por cada libra esterlina de inversión pública, el contribuyente podía esperar un “retorno” de 10 libras. El atractivo de esta “evidencia” es claro: ¿quién podría argumentar en contra de la incontestable sabiduría de invertir en algo que produce un retorno de diez veces la inversión? Los argumentos en defensa de la subvención pública de las artes y la cultura no pueden ser más convincentes. Uno de los primeros ejemplos de esta estrategia argumentativa es un informe de 2013 de la Asociación de Gobiernos Locales (AGL) titulado Driving Growth Through Local Government Investment in the Arts (2013). En la página 16, el informe se centra en el ejemplo del York Museums Trust, sosteniendo que “representa un ‘retorno de la inversión’ de alrededor de 10 libras de impacto por cada libra invertida por el Ayuntamiento de York”. No se indica la fuente de esta estimación, ni quién la ha realizado, ni en qué datos, ni con qué metodología. No hay ningún informe del Ayuntamiento o similar disponible en los registros públicos que se refiera a, o dé alguna información sobre, el estudio del que proceden los datos. No se ofrece ninguna explicación de lo que podría significar el “retorno de la inversión” en este contexto: ¿representan las 10 libras esterlinas el impacto bruto? ¿Impacto neto? Lo que se espera es que el lector acepte la información ofrecida con confianza y se deje seducir por el “retorno” de la inversión, y no que se examine la exactitud de las pruebas.

En enero de 2019 Culture Liverpool, el departamento del Ayuntamiento responsable de los eventos y de la infraestructura cultural de la ciudad, elaboró un informe que fue presentado al Comité Selecto de Cultura y Turismo del Ayuntamiento. Su objetivo era “poner al día al Comité Selecto de Cultura y Turismo sobre una revisión del trabajo y los logros de Culture Liverpool en 2018”, en particular en relación con las actividades que se programaron e impartieron en el décimo aniversario de la etapa de Liverpool como Capital Europea de la Cultura en 2008. El informe ofrece una serie de datos impresionantes sobre los numerosos logros e impactos -culturales, sociales y económicos- de las actividades y organizaciones apoyadas por Culture Liverpool:

Se calcula que por cada libra de apoyo a los ingresos que el LCC [Ayuntamiento de Liverpool] aporta al sector cultural se aportan al menos otras 10 libras a la ciudad y que se generan al menos 45 millones de libras de impacto económico. (Culture Liverpool, 2019, p. 22; énfasis añadido)

Como en el caso anterior, no se ofrece ninguna información sobre la fuente de este cálculo o la metodología, ni podemos saber si las 10 libras “aportadas a la ciudad” representan un impacto bruto o neto, aunque esto se informó sin duda y se amplificó a través de la prensa local, y una serie de sitios web de marketing y negocios de toda la ciudad.3 Es de suponer que los miembros del Comité Selecto habrían podido solicitar más información, pero esta no está disponible en los registros públicos. El público podría saber más a través de las solicitudes de libertad de información, a menos que la información se considerara sensible desde el punto de vista financiero, pero el hecho de que la responsabilidad de investigar recaiga en el lector no es compatible con un compromiso de transparencia y responsabilidad que es, supuestamente, el fundamento que subyace al impulso de la elaboración de políticas basadas en pruebas.

Entonces, ¿cómo podemos juzgar los datos presentados como pruebas válidas para la formulación de políticas cuando esas “pruebas” evitan la validación y el escrutinio? En el resto de este artículo, me baso en los recientes desarrollos de las teorías de la elaboración de políticas que, según sostengo, nos permiten reformular esta cuestión dentro de una comprensión diferente de la relación entre las pruebas y las políticas: una que se centra menos en la investigación como fuente de “pruebas” y más en el papel de las ideas, los valores y las creencias en la configuración de los procesos de formación y cambio de políticas.

 

El problema del “proyecto de racionalidad” en las políticas públicas

Para entender cómo se elabora la política cultural, por qué existe una brecha entre el discurso político y la realidad de las políticas, y por qué las afirmaciones poco realistas, las estadísticas dudosas y los datos no verificables deben tener un papel destacado en los debates públicos sobre las repercusiones sociales, sanitarias y económicas de las artes, el gasto público en cultura y la participación cultural (por mencionar solo los temas más destacados), es necesario rechazar la comprensión lineal de la formación de políticas que domina la retórica contemporánea de la política cultural. Este modelo lineal está igualmente consagrado en las medidas institucionales para incentivar, evaluar y recompensar el impacto de la investigación más allá de la academia (véase, por ejemplo, el Research Excellence Framework, REF, en el Reino Unido) (Smith et al., 2020). En cambio, el artículo adopta lo que Kathryn Smith (2013) llama el “enfoque ideacional” para entender el efecto de la investigación en la política, y argumenta a favor de una comprensión discursiva del proceso político basada en la argumentación y la persuasión, y la centralidad de las “ideas institucionalizadas”.

El campo de las políticas públicas y del análisis de políticas se basaba tradicionalmente en la equiparación del análisis racional con la buena política. Deborah Stone (2002, p. 7), en su influyente libro Policy Paradox, se refiere a él como “el proyecto de racionalidad”, y sugiere que su origen se encuentra en la “misión de rescatar la política pública de las irracionalidades e indignidades de la política, esperando hacer política en su lugar con métodos racionales, analíticos y científicos”. Así, cuestiones exquisitamente políticas y muy controvertidas se han reformulado en términos puramente técnicos. Tania Murray Li (2007, p. 7) se refiere a esto como “rendering technical”, según el cual “las cuestiones que se convierten en técnicas se convierten simultáneamente en no políticas”.

La noción de que la identificación de “lo que funciona”, en lugar de las ideologías políticas, debe ser el motor de la política es un excelente ejemplo de este intento consciente de convertir la política y la toma de decisiones en un proceso libre de ideología. Podría decirse que la “política cultural instrumental” forma parte de esta evolución política y administrativa más amplia: una vez que las cuestiones de valor cultural se reformulan como cuestiones de impacto, y los debates políticos sobre cómo justificar la subvención pública a las artes y la cultura se transforman en debates sobre el mejor método para proporcionar “pruebas de investigación” que respalden las reivindicaciones políticas, el “caso de las artes” se convierte en una cuestión técnica. Así, se transforma en un problema puramente metodológico: el de la búsqueda del conjunto de herramientas de evaluación de impacto definitivo, aplicable a todas las formas de arte, a todos los públicos y en todos los contextos geográficos y sociales (Belfiore, 2004; Belfiore y Bennett, 2010). Sin embargo, como demuestran los estudios sobre políticas, las cosas no funcionan así: “la idea de [elaboración de políticas basadas en la evidencia] resume una gran colección de mitos, esperanzas y eslóganes políticos de larga data sobre el uso de la información en el gobierno central”; es, “un término vago y con aspiraciones, más que una buena descripción del proceso político” (Cairney, 2016, p. i). Smith (2013) sostiene que el análisis de las declaraciones, documentos y decisiones políticas, revela que los responsables de la toma de decisiones no utilizan las pruebas para alcanzar los objetivos que se proponen, incluso cuando dichas pruebas existen y están disponibles. Esto se debe a varias razones: los responsables políticos carecen de conocimientos para evaluar la fiabilidad y todas las implicaciones de las pruebas; o las pruebas disponibles podrían ser limitadas, o problemáticas; podrían estar enfrentando limitaciones políticas a la gama de opciones que son ideológicamente factibles en el momento, y en ocasiones podrían estar apuntando a objetivos políticos vagos y poco claros (Cairney, 2016). Cairney (2016, p. 5) emplea el término “racionalidad limitada” para referirse a esto. Esta es una realidad diferente del escenario ideal (e idealizado) de la formulación de políticas basadas en la evidencia, y también es una realidad mucho menos atractiva (véase Smith, 2013, p. 71). Por lo tanto, deberíamos “concebir la interacción entre la investigación y la política como algo que implica un continuo intercambio y traducción de ideas”, en lugar de un proceso lineal de pruebas inyectadas en el ámbito político con vistas a influir directamente en las decisiones (Smith, 2013, pp. 74-75).

De hecho, el problema del enfoque racionalista -y una de las complicaciones de la dependencia (al menos en el nivel de la retórica política) de las pruebas como base principal de la política- es que, de hecho, oscurece y deja fuera del alcance del análisis político principal los aspectos centrales del proceso de elaboración de políticas que se relacionan con las personas, el poder y la política (Parsons, 2002). En consecuencia, el modelo racional de elaboración de políticas promueve una visión artificialmente despolitizada de cómo se producen las políticas (Weiss, 1977).

Además, la investigación relevante para las políticas es en sí misma altamente política, y a menudo está motivada por consideraciones oportunistas (Radin, 1995). Como señalaron Scullion y García (2005, p. 120), “lo que el sector cultural quiere realmente de la investigación son las pruebas mortales que liberarán cantidades vertiginosas de dinero en el sector”. Sus expectativas sobre la investigación pueden ser poco realistas“. Esto no tiene en cuenta el hecho de que los cambios políticos significativos se producen durante largos períodos de tiempo, de forma lenta y gradual, lo que hace muy poco probable que una sola inyección de nuevas pruebas – “asesinas” o de otro tipo- pueda dar lugar a una repentina avalancha de nuevos fondos en el sector cultural, incluso en momentos de posibilidad fiscal (Cairney, 2016). El problema, como explica Cairney (2016, p. 54), es que los análisis de las políticas se elaboran sin referencias a las teorías del proceso político, lo que se ve agravado por “un desconocimiento general de la erudición en materia de políticas” entre los profesionales, lo que hace que recurran a “conceptos más antiguos, como el ciclo político y el enfoque por etapas […], ampliamente rechazados por los especialistas en políticas”.

Esto no significa que la investigación sea irrelevante para el proceso político, o que la investigación sensible a las políticas esté condenada al fracaso; sin embargo, la forma en que los datos de la investigación se incorporan al desarrollo de las políticas para los sectores cultural y creativo sigue siendo poco investigada y no se comprende plenamente. El replanteamiento teórico que aquí se propone representa un paso hacia la solución de esta laguna en el conocimiento y la comprensión. Esto implica aceptar que la conexión entre las pruebas, la investigación que las produce y la formación y el cambio de políticas es difusa y más difícil de captar de lo que sugiere la retórica “lineal” del impacto (Cairney, 2016; Smith, 2013).

 

Hacia un modelo retórico: elaboración de políticas culturales, argumentación y el poder de las ideas

Para explicar “un modelo retórico de política cultural”, me baso en la reciente literatura de estudios políticos sobre el papel que las ideas y las pruebas desempeñan realmente en la formación de políticas (Cairney, 2012). En el centro de este conjunto de trabajos se encuentra la afirmación fundamental de que “el análisis y la planificación de políticas son procesos prácticos de argumentación” (Fischer y Forester, 1993, p. 2), y que el lenguaje desempeña un papel performativo en la formulación de políticas. Como sostiene Giandomenico Majone (1989, p. 8), “los hechos y los valores están tan entrelazados en la elaboración de políticas que los argumentos fácticos sin ayuda de la persuasión rara vez desempeñan un papel significativo en el debate público”. Como observan Cairney y Oliver (2017, p. 2), “los estudios de política sugieren que los actores son influyentes cuando “enmarcan” sus pruebas en términos simples, manipuladores y/o emocionales para generar la atención de los responsables políticos”. Así pues, debemos aceptar que la etiqueta “política basada en pruebas” tiene una doble vertiente: por un lado, es “un estado ideal al que deberíamos aspirar (una proposición empírica)”, y por otro “un tipo ideal para comparar con lo que es posible en el mundo real (una proposición teórica)” (Cairney, 2020, p. 4; énfasis en el original). Lo que no es (y nunca pretendió ser, en la mente de los teóricos de la política que han definido el concepto) es una etiqueta descriptiva de la realidad de la formulación de políticas (Cairney, 2016).

Esta sección se basa en el trabajo reciente de los estudios políticos sobre una comprensión “ideacional” de la formulación de políticas, y sobre cómo se produce el cambio político. Sostengo que el diálogo con la teoría política nos ayuda a entender la función que tiene la “mala evidencia” en la formulación de políticas culturales. Como se ha señalado anteriormente (Belfiore, 2009, 2012), los argumentos y las “pruebas” desplegados en los debates políticos se adoptan por su eficacia retórica percibida. Lo que no está claro es por qué ciertas ideas son más poderosas retóricamente y más persuasivas que otras. Tomemos el instrumentalismo como centro de atención -y el tipo de instrumentalismo económico desplegado en los documentos políticos anteriormente analizados-: ¿qué hace que la idea del impacto económico (con los intentos concomitantes de medirlo, enunciarlo y exagerarlo para construir “el caso” de las artes en torno a él) sea tan retóricamente atractiva, resistente y, en consecuencia, dominante en el discurso político?

El resto de la sección, por tanto, se centra en la idea de impacto (y, en particular, en el impacto económico) y su papel en la configuración y dirección de la elaboración de políticas en el sector cultural, más allá de cualquier prueba de que dicho impacto pueda existir (o no). Como señala Smith (2013, p. 73), “la literatura que se centra en la elaboración de la agenda hace hincapié en la importancia de comprender cómo se construyen los problemas políticos concretos, ya que esto no solo informa de las posibles soluciones, sino que determina quién participa en el proceso político”. Las ideas, por tanto, funcionan como marcos políticos que pueden tener un impacto importante en el proceso y los resultados de las políticas (Smith 2013, p. 73). Este marco se despliega estratégicamente en los debates públicos, en los informes de promoción y en las tácticas de presión para impulsar los resultados deseables, basándose en la capacidad de los actores políticos para situar sus ideas y cuestiones preferidas en el centro de la atención de los responsables de la toma de decisiones. Como sugiere Weiss (1989, p. 118), estos procesos se despliegan como “armas de promoción y consenso” que ejercen una influencia significativa en el proceso político. Sin embargo, no todas las ideas tienen el potencial de convertirse en marcos políticos plenamente desarrollados y viables: en un mundo de ideas en competencia y de búsqueda de atención, las preocupaciones de los responsables políticos se ven afectadas por las estructuras institucionales “en las que viven los responsables políticos” (Weiss, 1989, p. 110).

Así pues, consideremos el instrumentalismo como uno de esos “marcos políticos”, que adquirió importancia en el discurso de la política cultural inglesa en la década de 1980 y sigue siendo dominante en la actualidad. Esto es así a pesar de las críticas y los intentos de muchos de desarrollar visiones y marcos políticos alternativos que conduzcan a un enfoque diferente para justificar la financiación de las artes y los objetivos de las políticas, como el acceso y la participación, siendo el debate en torno al “valor cultural” un ejemplo notable (Belfiore, 2012, 2020; Crossick y Kaszynska, 2016; Scott et al., 2018). La idea de impacto (tanto social como económico) es fundamental para la articulación del marco político instrumental. Cairney (2016, p. 33) sostiene que “[el] marco es una parte de evidencia y una parte de apelación emocional, y nuestra atención se centra en el uso, más que en las propiedades, de la evidencia” (énfasis en el original). Por lo tanto, si queremos que los responsables políticos presten atención a las pruebas de la investigación, es necesario enmarcarlas para que encajen con las prioridades y creencias preexistentes de los responsables políticos. Es precisamente esto lo que explica la prominencia del marco económico de la cuestión del impacto: “en países como el Reino Unido, una historia sobre una solución política es generalmente más poderosa si se enmarca en términos de su valor demostrable para el dinero” (Cairney, 2016, p. 61).

Kathryn Smith (2013) revela cómo la disponibilidad de pruebas puede ser útil para que los responsables políticos impulsen y vendan ideas a otros actores políticos, a los medios de comunicación, a los profesionales del sector, etc., y ayuden a que surjan nuevas ideas. Lo que las pruebas rara vez hacen es efectuar un cambio político directo, inmediato y sin intermediarios. Aunque “las ideas en sí mismas tienen cierto grado de agencia” (Smith, 2013, p. 150), tardan mucho tiempo en influir en el cambio de políticas. No obstante, la adopción de este enfoque en el análisis de las políticas lleva a la conclusión de que “tiene más sentido estudiar la influencia política de las ideas que las pruebas” -el corolario de esto es que “los investigadores suelen ser vistos por los responsables de las políticas como una de varias fuentes de ideas, no necesariamente de pruebas” (Smith, 2013, p. 108). Sin embargo, al examinar las ideas que impulsan la formulación de políticas y cómo se enmarcan en el discurso político, debemos tener en cuenta el contexto, ya que, como afirma Weiss (1989, p. 110), en cualquier momento, el “puñado de temas actualmente prominentes se extrae del inventario de temas y símbolos aceptables en la cultura política dominante”. Partiendo de esta premisa, a continuación ofreceré una interpretación del aumento de la importancia de la idea del impacto económico como justificación política en Inglaterra (y, hasta cierto punto, en Gran Bretaña), con la consiguiente cuestión de las presiones para demostrar dicho impacto, y la controvertida cuestión de las “pruebas”.

Los argumentos de carácter instrumental (tanto en términos sociales como económicos) estaban presentes en las intervenciones estatales sobre las artes y la cultura, en Inglaterra, incluso antes de que se desarrollara adecuadamente una infraestructura de política cultural nacional (Minihan, 1977). En los años ochenta, cuando las economías occidentales aún se tambaleaban por las secuelas de la crisis del petróleo de los años setenta, la idea del impacto económico se impuso firmemente en la retórica política justificativa. Esto es evidente en el primer documento de estrategia nacional publicado por el Arts Council Britain en 1984, titulado The Glory of the Garden (La gloria del jardín), tras la primera reducción real de la financiación del Consejo en 1982. En el prefacio, el entonces presidente, Sir William Rees Mogg, admite

En general, prefiero defender la financiación del Consejo de las Artes por la contribución de las artes a la civilización británica. Pero es obvio que el atractivo de Londres como metrópoli artística es esencial para el atractivo de Gran Bretaña para los turistas. La pérdida de las artes londinenses costaría a la balanza comercial tanto como la pérdida de una industria importante. El argumento económico es bastante claro y se aplica con más fuerza a Londres, aunque también se aplica a las artes regionales. (En Wilson, 2019, p. 187)

Este punto se refuerza en el informe de John Myerscough The Economic Importance of the Arts in Britain (1988, p. 2), cuya introducción reconoce el contexto de disminución de la financiación del gobierno central como clave para las intenciones de defensa del informe:

Los argumentos basados en los méritos intrínsecos y el valor educativo [de las artes] estaban perdiendo su potencia y frescura, y la dimensión económica parecía proporcionar una nueva justificación para el gasto público en las artes.

No es de extrañar que el informe surgiera como una iniciativa de la Fundación Calouste Gulbenkian, a la que posteriormente se sumaron la Oficina de Artes y Bibliotecas, la Comisión de Museos y Galerías , el Consejo de las Artes de Gran Bretaña y el Consejo de la Artesanía (Myerscough, 1988). Es decir, todos los principales responsables de la política cultural nacional y los organismos de financiación participaron en la elaboración de uno de los informes de investigación destinados a reformular la subvención pública de las artes y la cultura como una “inversión” viable, señalando también “la creciente marea de interés político europeo en la dimensión económica de las artes” (p. 2). Es revelador que el principal argumento relativo a la subvención de las artes fuera que “las artes son un medio rentable para reducir el número de desempleados” (p. 7), un argumento que, de hecho, se repite en el Bazalgette Review de la época de la austeridad, como se ha mostrado anteriormente.

El protagonismo de la idea del impacto económico (y ahora también social) se mantuvo sin cambios incluso en las décadas más prósperas que siguieron. Como señala Robert Hewison (2014, p. 24), un comprometido cronista de la política cultural bajo el Nuevo Laborismo: “La Gran Bretaña creativa necesitaba una economía creativa para garantizar la innovación continua de la que dependía el crecimiento”. En consecuencia, las artes y la cultura subvencionadas públicamente “pasarían de ser el suplicante necesitado de una costosa subvención al receptor agradecido de una inversión positiva, e impulsarían la economía creativa” (Hewison, 2014, p. 25). Esto se ve respaldado por la declaración de intenciones expresada por el Secretario de Cultura más influyente del Nuevo Laborismo, Chris Smith (1998), en su volumen Creative Britain, donde enumera las prioridades de la política cultural del partido: acceso, excelencia, educación y valor económico.

Este breve excurso histórico muestra cómo la instrumentalidad se ha convertido en un poderoso marco de política cultural en Inglaterra, y que ha dificultado que los actores políticos y los investigadores presionen a favor de políticas menos estrechamente instrumentales. El consenso sobre la escasez, la mala calidad y los defectos metodológicos de una parte importante de las “pruebas” de impacto ha hecho poco por desalojar la idea de impacto de su lugar central en el discurso político (Crossick y Kaszynska, 2016). Del mismo modo, el hecho de que cuarenta años de “pruebas” de impacto recopiladas por diversos agentes del sector político y cultural no hayan garantizado el éxito en la búsqueda de un “argumento a favor de las artes” convincente no parece haber afectado a la confianza en este enfoque, ni haber frenado el flujo de informes políticos que afirman “evidenciar” el impacto económico y “demostrar” el valor económico de las artes. Si la idea del impacto (ya sea económico o social) hubiera “funcionado” a la hora de argumentar, no estaríamos asistiendo a una afluencia continua en el discurso político de nuevas evaluaciones de impacto que hacen afirmaciones más atrevidas que las anteriores, pero que ignoran felizmente las críticas cuidadosas y detalladas que se hacen a las metodologías y los usos inadecuados de los estudios de evaluación de impacto en la argumentación política. Si la medición del impacto tuviera las claves para la justificación de la financiación, teniendo en cuenta su larga historia, el “caso” ya debería estar hecho. Sin embargo, el trabajo de demostrar los beneficios de la inversión en las artes y las industrias creativas nunca se hace: El sitio web de la ACE cuenta con una sección entera titulada “Make the case for arts and culture”, en la que se dan instrucciones a sus clientes sobre cómo medir el impacto, acompañadas por el monitor: “es vital que sigamos demostrando por qué el arte y la cultura financiados con fondos públicos son importantes y qué beneficios pueden aportar a las personas, las comunidades y la sociedad en su conjunto”.6 Todos los sucesivos Secretarios de Cultura han apelado al sector para que les ayude a reunir pruebas de impacto como forma de desbloquear la financiación. El atractivo de los estudios de impacto económico (y social) perdura, y su número se ha multiplicado desde que se hicieron populares en la década de 1980, pero ninguno (ni siquiera todos ellos acumulados) parece haber “zanjado” la cuestión de si las artes y las industrias creativas son sectores merecedores de inversiones públicas. Además, la fe ciega que muchos en el sector artístico y cultural depositan en las pruebas de los impactos económicos positivos ignora el hecho de que, en el sector público, las decisiones de financiación deben tomarse y rehacerse cíclicamente, y las prioridades de gasto volver a articularse (por ejemplo, como resultado de las revisiones del gasto), por lo que los presupuestos siempre tendrán que asignarse y requerirán negociaciones entre las demandas de recursos que compiten entre sí, y las métricas financieras -por muy problemáticas que sean- forman parte de este proceso.

Entonces, ¿por qué la perdurable popularidad de la retórica del impacto económico? Kathryn Smith (2013, p. 71) sugiere que “un marco analítico que dé prioridad al papel de las ideas sustituye de forma útil la atención a los intereses materiales reales por la exploración de lo que los actores creen que les interesa (y por qué)”. Apoyémonos en dicho marco para dar sentido a la resistencia de la idea de impacto en la política cultural, incluso ante la insuficiencia de pruebas.

El debate presentado hasta ahora apunta a la conclusión de que la idea del impacto económico en la política cultural se ajusta a la definición de Smith (2013, p. 113) de las ideas institucionalizadas. En consonancia con el marco analítico del “institucionalismo”, Smith (ibíd.) considera que las ideas “son a la vez constitutivas de las instituciones y entidades moldeadas por las instituciones”, señalando que, una vez institucionalizadas, las ideas adquieren poderosas cualidades de autoperpetuación. El ejemplo del dominio retórico del valor y el impacto económicos en el discurso de la política cultural nos muestra, por tanto, la interconexión de dos poderosas ideas institucionalizadas: en primer lugar, que el crecimiento económico es -y debe seguir siendo- el objetivo político general de la política y la inversión del gobierno (por lo que tiene sentido esperar que el sector artístico y cultural desempeñe su papel para alcanzarlo) y, en segundo lugar, que las artes y la cultura deben tratar de argumentar de forma convincente su contribución a este objetivo como medio para legitimar sus demandas (y su recepción) de fondos públicos.

Si el valor económico y su medición se han convertido en ideas institucionalizadas dentro de las instituciones de elaboración de políticas culturales en Inglaterra, ¿cuáles son los mecanismos a través de los cuales estas ideas operan como marcos que se resisten al desafío? La respuesta se encuentra en los principios de la relación calidad-precio, los análisis de coste-beneficio y otros métodos de valoración económica que se espera que impulsen el gasto público (O’Brien, 2010). El discurso político (que no se limita al sector cultural) está dominado por los “econócratas”, que actúan basándose en “la creencia de que existen pruebas o criterios económicos fundamentales según los cuales pueden y deben tomarse las decisiones políticas” (Self, 1975, p. 5). Aunque la perspectiva económica es legítima, el predominio del marco económico en la configuración del debate sobre el valor cultural va en detrimento de la calidad de los debates públicos sobre el papel de las artes y la cultura subvencionadas en la sociedad. No cabe duda de que al propio sector le resulta difícil hablar del valor de lo que hace sin recurrir a argumentos económicos (Belfiore, 2012; Crossick y Kaszynska, 2016). El enfoque econocrático del valor, y la consiguiente comprensión de las inevitables compensaciones que conlleva la toma de decisiones en las políticas públicas en términos puramente monetarios, ha dado lugar a un debate empobrecido. Es precisamente esta “forma moderna de ‘imperialismo económico’ en el campo del intelecto” (Rothbard, 1989, 45) la que está en la raíz de la proliferación de “malas pruebas” de impacto económico. Es a esta dominación econocrática a la que debemos resistirnos si queremos desarrollar, de forma colectiva y colaborativa, una agenda de investigación renovada y revitalizada, crítica pero relevante para las políticas, en torno a los fundamentos de la política cultural. Como explica Nick Couldry (2010, p. 5), “cuando ahora intentamos pensar más allá del horizonte del neoliberalismo, es al final de una larga historia de normalización del neoliberalismo, la incrustación del neoliberalismo como racionalidad en la organización e imaginación social cotidiana”. Es este marco poderoso y omnipresente el que condujo a la institucionalización del impacto económico como idea dominante en la política cultural, y la “evidencia” por sí sola no será suficiente para desafiar su centralidad en la elaboración de políticas culturales.

 

Repensar la “evidencia”

A menudo he puesto la palabra “pruebas” entre comillas porque, como se muestra en una sección anterior del artículo, el cambio a un modelo retórico de política implica una noción de “pruebas” radicalmente diferente de la que se recibe generalmente en el discurso de la política cultural dominante. Como explica Majone (1989, p. 10), “las pruebas no son sinónimo de datos o información. Se trata de información seleccionada del acervo disponible e introducida en un punto específico de la argumentación con el fin de persuadir a una audiencia concreta de la verdad o la falsedad de una afirmación”; en consecuencia, “los criterios para evaluar las pruebas son diferentes de los utilizados para evaluar los hechos”. En este caso, la “evidencia” es, de hecho, cualquier argumento que pueda convencer a una audiencia razonable y producir un consenso sobre una medida política (Greenhalgh y Russell, 2006, p. 39). Cairney (2016, p. 22) nos advierte de que ni siquiera debemos esperar un acuerdo, entre los diferentes actores, en torno a lo que es la evidencia: mientras que los académicos tienden a equiparar la evidencia con la “investigación”, los responsables políticos y los funcionarios tienen una comprensión más amplia que la equipara a los datos (incluidos los datos en bruto), el análisis, la literatura gris, pero también “el asesoramiento de expertos, las lecciones de otros gobiernos, la opinión pública […] y, en algunos casos, la evidencia anecdótica de éxito”.

Sin embargo, sigue existiendo una importante diferencia entre las buenas y las malas pruebas, entre los datos recogidos de forma rigurosa y los descuidados, los cálculos verificables y los no verificables, y los análisis sólidos o intelectualmente deshonestos. Pero, en ambos casos, las pruebas y su análisis cumplen una función retórica como herramienta de persuasión, y las distinciones entre pruebas “buenas” y “malas” no siempre son sencillas. Majone (Ibid., 39) es explícito al afirmar que “cuando el analista utiliza la persuasión, siempre está actuando, al menos en parte, como defensor y no como asesor desinteresado”. En la actualidad se acepta ampliamente que el analista político está lejos de ser un observador imparcial y objetivo de lo que ocurre en el ámbito político (Radin, 1995, 2006). Sin embargo, como documenta Smith (2013), para muchos investigadores académicos, la naturaleza de defensa y compromiso político de intentar producir “pruebas” de investigación para influir en la política puede ser especialmente difícil, o incluso incompatible con la autonomía que se considera la base de una erudición sólida (Smith, 2013). Al comentar a los responsables políticos entrevistados para su investigación, Haynes et al. (2011, p. 591) señalan cómo “la mayoría de ellos serían escépticos sobre la medida en que los investigadores representaban asesores técnicos desinteresados en lugar de cómplices políticos, en particular en áreas políticas con altos niveles de contestación y grandes intereses”.

 

Conclusión: ideas, persuasión y política cultural

Este artículo comenzó explorando la importante presencia de afirmaciones no verificadas (y no verificables) y desproporcionadas sobre las repercusiones económicas de las artes, y las cuestionables “pruebas” en las que a menudo se basan en los discursos públicos sobre la financiación y la política de las artes en Inglaterra. Argumenté que debemos cuestionar la propia noción de “política basada en pruebas” y explorar la función real de los datos, la información y las pruebas en el proceso político, y luego demostré los beneficios del compromiso con los desarrollos contemporáneos en la teoría política. Basándome en el trabajo de Smith (2013) sobre el análisis de las políticas ideológicas, propuse un enfoque de argumentación del proceso político, que destaca los aspectos retóricos de la política cultural y el poder de las ideas y los marcos como modelo interpretativo potencialmente fructífero.

Considerar las políticas como algo arraigado en la retórica y la argumentación permite tener una noción más amplia (y realista) de lo que constituye la “evidencia” en el proceso político, y de las funciones que realmente desempeña en el fomento del cambio político. Al destacar el papel performativo del lenguaje, el modelo retórico llama la atención sobre la naturaleza socialmente construida y discursiva de las pruebas políticas, y sobre el hecho de que “el mundo de la elaboración de políticas no es un mundo de verdades científicas transferibles y duraderas, ni se ocupa exclusivamente (o incluso predominantemente) de “lo que funciona”” (Greenhalgh y Russell, 2006, p. 35). Esta noción de las pruebas como elemento de argumentación persuasiva ofrece la discreta ventaja de exigir que se considere seriamente el papel central de las ideas, las creencias y los valores en la formulación de políticas, un aspecto crucial que el discurso oficial de la política basada en pruebas ha tendido a oscurecer. La introducción de esta “perspectiva de las ideas” en la investigación sensible a las políticas podría dar lugar a la mejora de las pruebas que se producen.

Adoptar la tesis de la argumentación tiene importantes implicaciones para la investigación política, ya que el análisis de las políticas es una práctica tan discursiva y retórica como la propia elaboración de políticas. Si, como proponen Greenhalgh y Russell (2006, p. 37), la política debe considerarse un drama social, entonces los investigadores de políticas (ya sea en un departamento gubernamental, en un grupo de reflexión o en el ámbito académico) son sus actores, al igual que los políticos, los administradores de las artes y los responsables políticos. Como actores, podemos considerar que los investigadores políticos desempeñan un papel distintivo en el proceso político: todos tienen un papel que desempeñar en este drama; todos tienen una voz y una perspectiva que aportar a los debates en torno a la política. Sin embargo, como actores, los investigadores también están implicados en la política del proceso político: hay que cuestionar las pretensiones de objetividad y neutralidad.

Una comprensión de la política arraigada en la argumentación facilita la reformulación del muy problemático dilema “investigación frente a defensa” (Belfiore, 2016) de una manera que puede reflejar la diferencia entre las dos actividades, evitando al mismo tiempo una contraposición descarnada y antagónica, que no ofrecería necesariamente una imagen precisa de la práctica real de la investigación sobre políticas culturales. Reconocer que -en la realidad del proceso político- hay situaciones o actores para los que la diferencia entre ambos es menos marcada o menos importante que para otros (como los académicos, que pueden basar su credibilidad profesional precisamente en tales distinciones -véase Smith, 2013 y Smith et al., 2020) abriría posibilidades para un estudio más preciso de la relación entre investigación, defensa y formulación de políticas. Un enfoque retórico nos permite prever el objetivo de un campo de investigación sobre políticas culturales que aspire a lo que yo llamaría un “equilibrio de argumentos”. Con este término me refiero a un debate polifónico en torno a la política, en el que están representadas muchas perspectivas y enfoques metodológicos diferentes. Lo que propongo aquí es una adaptación de la noción de “abogacía múltiple” desarrollada por Alexander L. George (1972, p. 751), que se refiere a “un proceso de debate y persuasión diseñado para exponer sistemáticamente al responsable de la política a los argumentos contrapuestos de los propios defensores” (Majone, 1989, p. 40).

Si vemos a todos los actores del drama político como defensores de una determinada perspectiva que refleja la naturaleza de su papel (por ejemplo, el político local, el funcionario, el asesor político, el investigador académico, el experto político, el analista del grupo de expertos, el artista, el público en general, etc.), podemos empezar a imaginar un modelo pluralista de debate político. El pluralismo en cuestión no se limitaría a los participantes en el proceso de argumentación y persuasión política. El “equilibrio de argumentos” daría cabida a una diversidad de enfoques disciplinarios y metodológicos al abarcar todas las disciplinas y campos de investigación relacionados con el estudio y la comprensión de la política cultural. Esto permite que disciplinas como las artes y las humanidades, que han sido marginadas en los debates políticos actuales por el predominio de la estadística y la economía (y sus métodos cuantitativos preferidos), tengan la oportunidad de participar activamente en la investigación sensible a las políticas. Para ello es necesario que los estudios sobre políticas culturales se comprometan de forma sistemática y significativa con los desarrollos contemporáneos de los estudios y la teoría de las políticas, algo que podría parecer obvio, pero que no se ha integrado en el campo.

Como afirma Carol Weiss, la elaboración de políticas es un proceso político (Weiss, 1977, p. 533): los datos de la investigación se incorporan a los procesos de desarrollo y cambio de políticas, y solo serán una parte de la historia de la elaboración de políticas. Una mayor concienciación sobre la naturaleza irreductiblemente política y el poder de las ideas en la elaboración de políticas -independientemente de las afirmaciones que se hagan en los informes políticos- proporcionaría una visión importante para los estudios sobre políticas culturales.